Huejutla, Hgo.- Más de 150 cristianos protestantes en Huejutla que fueron desplazados por la fuerza de dos comunidades en Abril, podrán regresar a casa después de un acuerdo efectuado por funcionarios del gobierno estatal y municipal con las autoridades comunales.
El desplazamiento forzado de los miembros de la Iglesia Bautista Fundamental de la Gran Comisión fue la culminación de una década de violaciones de la libertad de religión y creencias en el municipio de Huejutla Hgo.
El 26 de abril, las autoridades de las comunidades de Rancho Nuevo y Coamila, todos católicos romanos, cortaron la electricidad de los hogares de las familias de minorías religiosas, destrozaron su iglesia y bloquearon el acceso a algunas de sus casas.
El grupo de desplazados, que incluye a más de 70 niños y bebés, fue alojado primero en el auditorio municipal en la cabecera, antes de ser trasladado al auditorio de la unidad deportiva de Colalambre donde permanecen desde entonces.
Las condiciones de vida se deterioraron rápidamente, con la comunidad dependiendo de las iglesias locales para la comida y obligada a usar el agua del río para bañarse y beber. Muchos, especialmente los niños y los ancianos, experimentaron enfermedades e infecciones como resultado.
Los afectados señalaron que la administración que entró en septiembre y que encabeza Alfredo San Román, hizo del caso una prioridad y trabajó rápidamente con el Secretario de Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, y la Directora de Asuntos Religiosos, Margarita Cabrera Román, para garantizar que se encontrara una solución que respetara los derechos de todos, de acuerdo con la ley mexicana. Bajo el acuerdo, los servicios de electricidad y agua se han reconectado a los hogares de los desplazados, a cambio, se comprometieron a contribuir financieramente a los fondos comunitarios, que se les había impedido pagar desde 2015.
Por su parte, el gobierno acordó cerrar una investigación penal presentada ante la Procuraduría General de Justicia sobre los responsables del desplazamiento forzado.
A los agraviados que fueron sacados por la fuerza, se les ha dado un período de tiempo determinado para revisar las condiciones de sus hogares y tierras para que retornen y tendrán derecho a acceder a los programas estatales para obtener ayuda, si es necesario.
Organismos como Christian Solidarity Worldwide (CSW) estuvieron al pendiente del caso, orientando y apoyando a los desplazados, además de documentar la situación para compartirla con el resto del mundo.
La jefa de Defensa del CSW, Anna Lee Stangl, dijo:
«El acuerdo negociado por los gobiernos municipales del estado de Hidalgo y Huejutla, y acordado por las autoridades de Coamila y Rancho Nuevo y la comunidad de minorías religiosas desplazadas, sirve como un ejemplo de lo que se puede lograr, en términos de proteger la libertad de religión o creencia y defender la ley mexicana, cuando hay voluntad política y una inversión de tiempo y otros recursos por parte del gobierno. El proceso de retorno y reintegración llevará tiempo, y estaremos atentos para garantizar que las autoridades locales cumplan con su promesa de respetar la libertad de religión o creencias. Nos anima la priorización del gobierno de este caso, y esperamos que represente el cambio de página no solo en la historia de Huejutla de Reyes y estas dos comunidades, sino en México en su conjunto».
