Tantoyuca, Ver.- Un juez de control dictó en pasados días una pena privativa de libertad de un año y 6 meses al doctor Favio Lara Galván así como a Jesús Armando Lara Galván, Carlos Eder Lara Rivera y José Baldemar Lara Rivera, por su responsabilidad en el delito de despojo.
Los sentenciados intentaron apoderarse de forma ilegal de un predio en el municipio de Chalma, Veracruz, causando daños a la propiedad, además de robarse material y maquinaria agrícola que estaba en ese terreno.
Tras la denuncia formal ante la fiscalía de Veracruz, se abrió una carpeta de investigación con el numero 184/2021, dando como resultado la sentencia definitiva en contra de los profesionistas, condenándolos por estos hechos dolosos.
Según el expediente, los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo del año 2021, los denunciados, todos domiciliados en el vecino municipio de Huejutla, Hidalgo, llegaron hasta la ex hacienda El Pintor municipio de Chalma, Veracruz, y de una manera prepotente se introdujeron con lujo de violencia a la propiedad de la víctima, de identidad resguardada.
Los sentenciados introdujeron una retroexcavadora, causando daños a la propiedad, y al sentirse los dueños del predio se les hizo fácil llevarse el material que estaba dentro de este terreno, así como insumos y maquinaria agrícola que asciende a varios miles de pesos.
Tras la denuncia, la policía ministerial y la defensa de la víctima comenzaron a recabar pruebas contundentes las cuales fueron presentadas en la primera audiencia inicial en el proceso penal 131/2021 en donde se logró vincular a proceso por delito de despojo a los señalados.
Inmediatamente un juez de control inició el juicio penal marcado con el numero J-01/2024 en donde se validaron todas las pruebas presentadas y determinando que este hecho fue doloso, siendo sentenciados con cárcel.
Se ha informado que en este caso se logró hacer justicia en Veracruz en donde la fiscalía general no permite impunidad, haciendo justicia sin importar que la persona tenga alguna representación social, un estatus profesional o si es funcionario público, se ha hecho justicia y se espera que más personas los denuncien.
Con este antecedente penal, los ahora sentenciados ya no podrán ser representantes ni mucho menos apoderados legales de ninguna organización, persona o empresa.
