San Felipe Orizatlán, Hidalgo.- Quienes están involucrados en probables actos de corrupción por varios millones de pesos son el diputado federal por el distrito de Huejutla y el alcalde de San Felipe Orizatlán.
A través de una filtración, se dio a conocer que desde que inició su administración, el presidente municipal Raúl Valdivia Castillo ha beneficiado con diversas obras a su familiar quien funge como legislador de la bancada de Morena, Fortunato Rivera Castillo.
En los archivos que recepcionó este medio, se detectó que el edil otorgó mediante licitación directa 14 contratos con un valor total de $5,642,205.82 pesos al legislador por medio de uno de sus hijos y de su yerno.
Para verificar la relación que existe entre la constructora que manejan los licitantes y el diputado ex militante del PRI, aparte del parentesco, se encontró que los primeros señalaron como su domicilio fiscal el inmueble ubicado en la calle Niños Heroes S/N de la colonia Loma Bonita del municipio de San Felipe, dirección que curiosamente es la misma que la del legislador y expresidente municipal de Orizatlán.
Los registros indican que desde el inicio de la administración, el legislador a través de sus consanguíneos ha ejecutado obras como son: pisos firmes, rehabilitación de aulas, construcción de bardas perimetrales, pavimentación, introducción de agua potable, ampliación de drenaje, construcción de módulo de sanitarios y edificación de un tanque de agua potable.
Todos estos datos deberían de estar disponibles en el portal del ayuntamiento para que los ciudadanos puedan acceder a ellos, sin embargo no es así, ya que han retirado los archivos para evitar ser evidenciados.
La cesión de contratos de funcionarios a familiares es clasificado por el Código Penal Federal en su artículo 220 como Ejercicio Abusivo de Funciones, el cual señala que este delito lo comete el servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Las sanciones por este delito van desde los 3 meses hasta los 12 años de prisión para los involucrados.

Padrón de proveedores del ayuntamiento de Orizatlán

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