Hidalgo.- Legisladores electos a nivel federal y estatal por el estado de Hidalgo de Morena, acompañados por el legislador Alejandro Encinas, denunciaron las agresiones y actos autoritarios, así como las reformas impulsadas por el gobernador Omar Fayad para restar facultades al Congreso local, por lo que no descartaron emprender un proceso de juicio político contra el priista.
En conferencia en el Senado de la República denunciaron los hechos que ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando legisladores electos de Morena fueron agredidos al manifestarse en el Congreso de Hidalgo en contra de un paquete de reformas impulsadas por el gobierno de ese estado.
El senador Alejandro Encinas adelantó que el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, puede ser el primer caso al que la nueva mayoría de Morena en el próximo Congreso de la Unión podría someter a juicio político.
Encinas explicó que Fayad generó un grave conflicto entre poderes al imponer, por la fuerza y mediante la represión física, reformas a la ley a los nuevos legisladores locales electos para permitirle al Ejecutivo estatal el refinanciamiento y reestructuración de la deuda del estado.
“En la Ley de Responsabilidad Financiera de Estados y Municipios se establece claramente que las decisiones en materia de deuda son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de la entidad, con la fiscalización de la propia Secretaría de Hacienda de la Federación”, apuntó el senador y futuro diputado local por la Ciudad de México, así como también eventual nuevo Subsecretario de Gobernación.
Calificó de “absurdo” el que el gobierno del estado de Hidalgo haya reprimido y golpeado a los legisladores locales electos, la semana pasada, por tratar de cercar el Congreso local a través de una valla humana e impedir que la mayoría priista aprobara las reformas legales mencionadas, así como los cambios a la Ley Orgánica del Congreso estatal.
Además de que los nuevos legisladores de Morena tendrán ahora la mayoría en la nueva Legislatura, con lo que podrán echar abajo las reformas avaladas por el PRI, “el gobernador Fayad creó ya un conflicto entre poderes; un diferendo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo del estado de Hidalgo”, señaló.
“Es absurdo que con ese autoritarismo reprima a los futuros legisladores electos que serán mayoría absoluta en la próxima Cámara de Diputados en el estado”, insistió Encinas.
“Será la nueva LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la que tomará la decisión de solicitar el inicio de un juicio al gobernador Fayad”, anticipó.

CONGRESO DE HIDALGO NIEGA ACUSACIONES

A las pocas horas de culminar la conferencia de prensa de los morenistas, el Congreso del Estado de Hidalgo fijó su postura y negó rotundamente lo señalado por los diputados electos.
A continuación se da a conocer su comunicado:
Es falso que el trabajo legislativo realizado por la LXIII Legislatura sea producto de apresuramientos o “albazos”, pues la agenda legislativa del Congreso hidalguense, y de cualquier otro Poder Legislativo del país, culmina en el momento en que ordena la ley, no antes, no después, ni por voluntad, o capricho de nadie.
Las reformas planteadas, así como todos los nombramientos que ha emitido la LXIII Legislatura, han sido analizados y aprobados con la participación de todas las fuerzas políticas que conforman al Congreso, incluida desde luego la de Morena a través del diputado Efrén Salazar Pérez, su único representante partidista legalmente constituido, cumplen con toda la normatividad vigente, son acciones legítimas, legales y democráticas, y cuentan con absoluta certeza y seguridad jurídica.
Es definitivamente falso que los agentes de la policía estatal que resguardaron el Congreso el día 31 de julio ante la manifestación de personas que impidieron de manera arbitraria el ingreso no sólo a legisladores sino a trabajadoras y trabajadores a las instalaciones del Poder Legislativo portaran armas de fuego, su equipamiento consistía únicamente en el de contención antimotines, es decir, escudos protectores.


No así los manifestantes, quienes además de portar varillas, piedras y palos, ingresaron de forma ilegal al Congreso, dañando las instalaciones y amenazando a trabajadores, con el propósito de impedir el trabajo de la actual legislatura legal y formalmente instalada, lo cual es una flagrante violación no solo a los derechos de quienes laboran en el legislativo sino a la seguridad personal de quienes ahí se encontraban, además dichos actos constituyen una violación a los principios de libertad y autonomía parlamentaria.
No podemos aceptar que esas situaciones se conviertan en hipótesis jurídicas de anulación de los actos legislativos, sino que debe permanecer el ejercicio libre del trabajo legislativo.
La LXIII legislatura refrenda su compromiso con la sociedad que, al elegir a sus representantes les dio el voto de confianza para legislar, como corresponde a su trabajo y no para “esperar” a que llegue la siguiente legislatura, como pretenden los y las diputadas electas, lo que además de ser absurdo e irresponsable, resulta una postura prepotente e ilegal, totalmente contraria a la decisión ciudadana expresada en las urnas el pasado uno de julio, en la que se manifestaron en contra de autoritarismos, sea cual fuere la fuerza o actor político que los emita.

Con información del El Financiero y Congreso del Estado de Hidalgo.

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