Uno de los temas más polémicos en la actualidad es la aplicación de los usos y costumbres en la región, la cual se basa en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Retenciones, bloqueos de carreteras, secuestros de funcionarios y maltrato físico y psicológico, son las acciones más comunes que diversos pueblos de la región suelen aplicar cuando sienten que es violentada su paz o su orgullo.
Los delegados en las comunidades se respaldan durante su actuar en el párrafo segundo del artículo en mención que señala: “Los pueblos indígenas aplicarán sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”. Quiere decir que tendrán autonomía para resolver situaciones que causen problemas en el poblado.
Lamentablemente, varios pseudolideres se aprovechan de ese párrafo para poner en jaque a la sociedad argumentando ser autónomos en la impartición de justicia.
Lo que se les olvida o habría que recordarles a estas personas es que el articulo 2 no termina ahí, indica: “Los pueblos indígenas aplicarán sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, RESPETANDO las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.
En la aplicación de los usos y costumbres en la región, se cometen diversos delitos que están estipulados en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, pero que por conveniencia del gobierno no son investigados.
Por ejemplo en una retención surgen una gran cantidad de actos castigados por el código penal del estado como son las lesiones (Art. 140); privación ilegal de la libertad (Art. 163); cuando los pobladores aplican una multa para la liberación caen en el secuestro (Art. 166); amenazas (Art. 172); calumnia cuando no existe un motivo real para retenerlo (Art. 194); y robo (Art. 203) en el caso de sustraerle sus pertenencias u objetos que evidencien el delito.
Otro de los actos más comunes es la interrupción de las vías de comunicación (bloqueos), en la cual se ven afectadas miles de personas, provocando millones de pesos en perdidas y que en su desarrollo surjan mas violaciones a la ley.
En los bloqueos se transgreden los siguientes artículos; interrupción de las vías (Art. 254), retención del transporte público (Art. 255) y vandalizar los vehículos con pintura (Art. 223).
Los responsables directos de atender esos asuntos son la Secretaría de Seguridad Pública como preventivo, la Subsecretaría de Gobierno como mediador y la Procuraduría General de Justicia como investigador y órgano sancionador. 
Ninguna de las tres instituciones cumple con eficiencia sus funciones en la huasteca, la policía al recibir el reporte nunca atrapa a los responsables en el acto por miedo a un enfrentamiento, la Subsecretaría solapa a los involucrados, y la Procuraduría no investiga y castiga.
Y es que al final la impunidad en los usos y costumbres en la huasteca es gracias a la política, porque al gobierno no le conviene que un pseudolider radicalista que puede controlar comunidades a cambio de dinero, esté en la cárcel, por lo que optan por dejarlo libre y trabajar con el en tiempo electorales.
Mientras predomine esa indiferencie por parte de quienes nos gobiernan, continuarán las violaciones a la ley y de los derechos humanos.

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